En las últimas décadas, los programas de electrificación rural en América Latina han reportado sus avances con una métrica estrella: el número de conexiones. Hogares atendidos, paneles instalados y kilovatios entregados son cifras necesarias, pero esconden una trampa silenciosa: confundir el acceso con el desarrollo.

Pongamos un ejemplo. Imaginemos dos comunidades a las que llevamos paneles solares con el mismo modelo y la misma capacitación básica. En la primera, las familias encienden sus focos por las noches, los niños hacen tareas y los paneles pasan el día inactivos esperando que oscurezca. En la segunda, un grupo de mujeres organiza un taller textil con energía solar, los jóvenes instalan un cargador comunitario y la posta médica conserva vacunas. Para las estadísticas oficiales, ambas están electrificadas al 100%, pero para la gente que vive ahí la diferencia es abismal.

¿Qué deberíamos medir entonces? Propongo cinco dimensiones:

Primero, la tasa de conversión productiva. ¿Cuántos hogares desarrollan actividades económicas que antes no podían realizar? No hablo de grandes emprendimientos, sino de pequeños negocios, transformación artesanal o conservación de alimentos.

Segundo, el índice de autonomía comunitaria. ¿La población ha aprendido a gestionar y mantener sus sistemas? Un proyecto exitoso es aquel que no genera una dependencia eterna del Estado o de la ONG de turno.

Tercero, la participación femenina en la gestión. Diversos estudios muestran que cuando las mujeres participan en las decisiones energéticas, los beneficios se distribuyen mejor. Medir cuántas mujeres integran comités y cómo influyen en las decisiones es crucial.

Cuarto, los impactos indirectos no energéticos. ¿La energía ha mejorado la asistencia escolar, ha reducido la migración juvenil o ha permitido que las postas conserven medicamentos? Son efectos colaterales que nuestras métricas suelen ignorar.

Quinto, y para mí el más importante, la sostenibilidad del modelo de gestión. Un año después de instalado el sistema, ¿sigue funcionando?, ¿quién lo mantiene?, ¿existe un fondo comunitario para reposiciones?

Ninguno de estos indicadores funciona sin fortalecer la organización comunitaria. En comunidades con organizaciones sólidas, como comités, asociaciones y rondas campesinas, la energía se integra más rápidamente a la vida productiva. Donde el tejido social es débil, la energía suele quedarse en el foquito que ilumina la cocina.

Esto implica repensar nuestro rol. No somos solo instaladores de tecnología; somos facilitadores de procesos que deberían fortalecer las capacidades locales para que las comunidades decidan su propio desarrollo. La gobernanza energética, entendida como la capacidad colectiva para gestionar recursos, emerge así como el verdadero indicador de sostenibilidad.

Al final, medir el éxito en electrificación rural nos obliga a salir de nuestra zona de confort y de los números simples. Las conexiones importan, claro que sí, pero no cuentan la historia completa. El tiempo es el juez más implacable de los proyectos de desarrollo: un año después de instalado un sistema, cualquier tecnología funciona; cinco años después, solo sobreviven aquellos donde la comunidad se apropió del proceso, donde hubo organización, mantenimiento y capacidad de adaptación.

La próxima vez que evaluemos un proyecto energético, preguntémonos no cuántas familias recibieron luz, sino cuántas podrán mantenerla encendida por sí mismas cuando nosotros ya no estemos.

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Actualmente, diversas entidades nacionales e internacionales impulsan estas iniciativas mediante fondos y cooperación técnica. El objetivo es claro: empoderar a las comunidades para que sus productos ingresen con éxito al mercado. No obstante, la articulación estatal permanece como una tarea pendiente, especialmente en el desafío de transversalizar este enfoque hacia los sectores económicos y productivos, más allá del ámbito estrictamente ambiental. Este paso es crucial para garantizar un apoyo estatal formal a iniciativas que incorporen más de un enfoque, promoviendo así su sostenibilidad.

Para profundizar en este modelo de resistencia y resiliencia frente al cambio climático, conversamos con Patricia Balbuena Palacios, exministra de Cultura, quien posee una amplia trayectoria de trabajo junto a poblaciones amazónicas. Balbuena ha sido pieza clave en la formación, implementación y fortalecimiento de diversos bionegocios que hoy son ejemplos de que el aprovechamiento sostenible de nuestra Amazonía es posible y necesario para el desarrollo de estas poblaciones.

Hoy se habla de bionegocios y bioeconomía. ¿En qué se diferencian y cuáles serían sus principales retos?

Podemos definir el término bionegocio como una categoría dentro de lo que llamamos bioeconomía. Este último concepto es un paraguas muy amplio y, dentro de ese parámetro, un espacio específico es el bionegocio. La bioeconomía puede incluir más ámbitos, como la economía circular, entre otros. Además, está guiada por la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes y la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, que son los instrumentos de política para lo que llamamos bioeconomía y bionegocio. Allí están establecidos el marco conceptual y las definiciones.

Entonces, para entenderlo fácil: la bioeconomía es la caja grande y los bionegocios son las cajas pequeñas que están dentro. Por eso, los bionegocios tienen que ver con el aprovechamiento que las poblaciones hacen de los recursos que les brindan los ecosistemas donde habitan. Por ejemplo, el turismo de paisaje o vivencial: ¿cómo aprovechar el ecosistema para obtener beneficios económicos manteniendo los bosques en pie? O el uso de fibras de palmeras para crear productos que generen ingresos.

Los bionegocios parten de tres elementos esenciales para ser considerados como tales:

• Un recurso natural para ser aprovechado.
• Los conocimientos tradicionales de la población para dicho aprovechamiento.
• El valor agregado mediante tecnología que, junto al recurso y al saber ancestral, crea un producto insertado en una cadena de valor.

¿Cómo entendemos estos conceptos en un contexto de cambio climático y protección de la Amazonía?

Ahora se utiliza el concepto de bionegocio, pero antes se hablaba de econegocios. Estamos pasando de una lógica de conservación pura donde se establecía un área protegida y reglas rígidas para "proteger" los recursos, a una agenda ambiental mucho más amplia, donde las personas están al centro.

Nos preguntamos: ¿por qué busco conservar? Porque buscamos recursos que garanticen el futuro de la humanidad. Antes, la estrategia era el aislamiento; ahora el giro es asegurar que los recursos generen ingresos y mejoren la calidad de vida de las poblaciones, evitando que opten por economías ilegales o abandonen sus zonas.

Los bionegocios buscan generar y garantizar un triple impacto —social, económico y ambiental— para que las personas mejoren su calidad de vida, logrando adaptarse o enfrentar los efectos del cambio climático y conservar sus medios de vida. Por ejemplo, contribuir a que no se talen las palmeras en los humedales; cuando estos se secan, emiten dióxido de carbono, sumándose al calentamiento global. 

¿Por qué han tomado impulso en los últimos años y por qué el Perú debería prestarle atención?

El impulso viene principalmente de la cooperación internacional y de la agenda pública del Ministerio del Ambiente, que está definiendo políticas e instrumentos financieros. Por ejemplo, COFIDE otorga préstamos a las cajas municipales y estas, a su vez, a asociaciones de bionegocios con tasas preferenciales. También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promueve incubadoras que acompañan estas iniciativas. El desafío actual es lograr que esto trascienda el ámbito ambiental y llegue a los sectores productivos como Agricultura y Producción.

¿Qué experiencias exitosas existen en el Perú?

Hay varias iniciativas interesantes. El tema de la castaña en Madre de Dios se está consolidando con cooperativas que tienen más de 20 años exportando. También se está recuperando el cacao nativo o "chuncho", que tiene un nicho de mercado por su sabor único.

Otro ejemplo es el camu camu en Ucayali o el caso de la empresa AJE, que compra frutos como el aguaje para elaborar bebidas. Sin embargo, el modelo latinoamericano más exitoso es la empresa brasileña Natura, que une conservación y mercado, y que ahora busca garantizar producción en Perú. Brasil es el país que más ha impulsado el bionegocio como un modelo industrial.

¿Cómo incorporar a los pueblos indígenas en este nuevo enfoque?

En realidad, ya están incorporados porque casi todos estos productos están en sus territorios; los pueblos amazónicos son titulares de aproximadamente 20 millones de hectáreas. El reto es hacerlos partícipes activos y no solo beneficiarios o proveedores de materia prima para un tercero.

La Amazonía no es una despensa que no se agota. Buscamos que el recurso sea renovable. Un ejemplo: si quieres frutos de palmera, no debes talarla. Se debe implementar un modelo de aprovechamiento moderado que permita que la especie se siga reproduciendo y alimentando a la fauna local. Debemos garantizar la sobrevivencia de las especies y de todo su entorno.

¿Cómo poner en valor los saberes ancestrales en este contexto?

Uno de los pilares de los bionegocios es la valorización de los conocimientos indígenas, que muchas veces son subestimados. Ellos conocen ancestralmente el uso de las plantas y sus beneficios. El problema es cuando las empresas recogen ese saber pero no retribuyen beneficios. Debe haber una justicia económica alrededor de esta sabiduría para evitar la apropiación indebida sin un retorno justo para las comunidades.

¿Cuáles son los retos de los pueblos indígenas para lograr un alto beneficio?

El reto es grande. Al ser asociaciones pequeñas, con poca tecnología, altos costos de flete y falta de conocimiento del mercado, el riesgo de fracaso es más alto que en cualquier emprendimiento común. Se debe trabajar para reducir esas brechas y garantizar condiciones de mercado justas.

¿Cuáles serían las líneas maestras para el aprovechamiento de los recursos con enfoque de sostenibilidad?

Como país, aún no las tenemos plenamente definidas, pero se está trabajando en una estrategia nacional. Estamos iniciando; nos falta dar el salto para que a las autoridades regionales les importe realmente el tema. Necesitamos identificar las condiciones necesarias para convertir esto en una línea de producción nacional, tal como lo hizo Brasil.

¿Cómo se integran los bionegocios a los compromisos ambientales del Perú ante el cambio climático?

Son una estrategia para sumar esfuerzos en la conservación de bosques y biodiversidad. Buscan que la población mantenga una relación armoniosa con su entorno y no se vea acorralada por una economía monetaria que la obligue a depredar para poder subsistir.

¿Cómo se involucra la academia en estos temas?

Todavía no se ha involucrado profundamente. Necesitamos mucha investigación y desarrollo tecnológico; hay mucho camino por trabajar ahí.

¿Qué instituciones tienen mayor involucramiento y brindan fondos o asistencia técnica?

Hay muchas organizaciones y cooperantes, como el Fondo Verde para el Clima, que financia Bioinversión Amazónica, o la Declaración Conjunta de Intención (DCI) de varios países que apoyan a gobiernos regionales. Organizaciones como WWF o WCS también están muy involucradas. Sin embargo, la mayoría de los actores siguen muy ligados solo a la parte ambiental; falta incorporar a quienes financian lo social y lo económico, y lograr una intervención estatal transversal en todos los sectores productivos.

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Tras su paso por el Ministerio de Cultura y su valioso trabajo junto a pueblos indígenas, hoy vemos a Patricia Balbuena consolidarse como una líder que impulsa proyectos orientados a la conservación de la Amazonía a través de los bionegocios. Su trayectoria y compromiso la convierten en una voz autorizada para comprender esta tendencia que demanda articular desarrollo, sostenibilidad y justicia para las comunidades. En su visión se confirma que es posible construir un futuro donde el crecimiento económico no esté reñido con el respeto por la vida, la cultura y los territorios.

Patricia Balbuena Palacios

Magíster en Políticas Sociales y abogada con más de 25 años de experiencia en inclusión social y derechos indígenas. Exministra de Cultura y exviceministra de Interculturalidad.

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El evento, que se llevará a cabo en la ciudad de Lima del 21 al 23 de mayo de 2026, reunirá a más de 250 mujeres líderes del sector público, entre funcionarias, especialistas, tomadoras de decisión y futuras lideresas de la región. La cumbre ha sido diseñada como una plataforma de articulación estratégica que trasciende el formato tradicional de conferencia, apostando por el aprendizaje colectivo, el intercambio de experiencias y construcción de una red de incidencia regional de alto impacto.

Una agenda para la transformación

La conferencia está estructurada en cuatro momentos estratégicos diseñados para acompañar la trayectoria de la hacedora pública:

• El Desafío: Un análisis profundo sobre las brechas estructurales en las políticas públicas y de las barreras que enfrentan las mujeres para acceder, mantenerse y escalar en posiciones de influencia.
• El Poder: Un espacio para comprender las dinámicas reales del poder y el ejercicio del liderazgo femenino en entornos de alta complejidad, a partir de experiencias sobre cómo navegar por las instituciones y generar cambios sistémicos.
• Las Herramientas: Sesiones prácticas enfocadas en el desarrollo de capacidades técnicas y habilidades estratégicas que fortalezcan la incidencia y la efectividad de las participantes.
• La Red: El cierre del evento se enfoca en la consolidación de la Comunidad Hacedoras, promoviendo conexiones significativas, mentoría y alianzas de colaboración que fortalezcan el respaldo mutuo entre pares a nivel regional, especialmente en etapas tempranas y medias de su carrera (early y mid-career).

Participantes

El evento contará con la participación de figuras destacadas de la gestión pública peruana y regional, incluyendo exministros, autoridades de organismos multilaterales y expertas internacionales. Entre las organizaciones a las que pertenecen los ponentes se encuentran ONU Mujeres, PNUD, Banco Mundial, BID y Natura, entre otras instituciones que vienen impulsando iniciativas clave para el desarrollo sostenible, la equidad de género y el fortalecimiento de las políticas públicas en la región. 

La diversidad de trayectorias y experiencias permitirá enriquecer el diálogo y promover una mirada integral sobre los desafíos y oportunidades para fortalecer la participación

Sobre Hacedoras

Hacedoras es una asociación sin fines de lucro que trabaja para que cada niña latinoamericana crezca con la convicción de que, si quiere, puede convertirse en una decisora de su comunidad, provincia o país.

Su misión es acelerar la participación de mujeres latinoamericanas en la toma de decisión de políticas públicas. A la fecha han implementado programas de desarrollo profesional en 5 países de la región, impactando en la formación de más de 400 mujeres haciendo política pública.

¿Cómo participar?

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la plataforma oficial de la organización. El ingreso es libre y se llevará a cabo en el Auditorio de Derecho de la PUCP (Aforo Limitado).

Para más información y registro, pueden visitar: https://www.hacedoras.org/i-cumbre-de-hacedoras. Asimismo, Hacedoras estará compartiendo actualizaciones, novedades y anuncios a través de sus redes sociales oficiales.

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Ante esta nueva realidad, muchas cámaras, especialmente en regiones alejadas de las capitales, están redefiniendo su rol como protagonistas del desarrollo territorial porque se han dado cuenta que no hay empresas sostenibles en territorios insostenibles, y no hay desarrollo económico sin desarrollo territorial.

Un caso emblemático es la Cámara de Comercio de Cali (Colombia), que ha evolucionado hacia un verdadero articulador del ecosistema regional a través del impulso de clústeres, la promoción de la innovación y la conexión entre empresa, Estado, comunidades y academia, demostrando que la competitividad, desarrollo e inclusión vienen de la mano.

En territorios con economías extractivas el desafío es aún más complejo. En Chile, por ejemplo, espacios como la Cámara Minera de Chile vienen promoviendo una gobernanza que busca equilibrar inversión, sostenibilidad y legitimidad social, incorporando a proveedores locales, participación ciudadana y el diálogo temprano en ejes esenciales para la viabilidad de los proyectos y la estabilidad territorial.

En el Perú, este proceso también empieza a consolidarse con experiencias valiosas como la surgida con la Cámara de Comercio de Espinar que representa un ejemplo significativo en un territorio marcado por la actividad minera y sus tensiones. 

Este gremio constituido recientemente en una provincia cusqueña a casi 4,000 msnm está intentando ser una gente articulador y promotor del desarrollo territorial, involucrándose en promover una visión de desarrollo desde los esfuerzos de los actores locales, siendo un claro ejemplo de esto el III Foro Turismo Espinar 2026, desarrollado el pasado 26 de marzo, donde el tema articulador fue “Turismo desde el territorio y la articulación institucional”.

Este espacio y ejercicio de diálogo no solo permitió el involucramiento de diversos actores locales, sino que trazó una línea de desarrollo alejada del enfoque minero predominante en esta provincia y que reta a los empresarios y comunidades a verse en un futuro luego de que esta actividad extractiva predominante termine.

De esta manera, las cámaras de comercio dejan de ser únicamente voceros del sector privado para convertirse en plataformas de gobernanza territorial, facilitar acuerdos, promotoras de la reducción de brechas sociales y construcción de agendas compartidas. El empresario local, en este marco, deja de ser solo un generador de ingresos para asumirse como un actor comprometido con el bienestar de su entorno.

Bajo las actuales circunstancias, estas instituciones tienen hoy la oportunidad y la responsabilidad (sin reemplazar al Estado) de liderar una nueva narrativa, una donde el desarrollo económico y el bienestar colectivo no compiten, sino se construyen juntos desde el territorio.

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Hoy, el ruido de la maquinaria ha sido reemplazado por un silencio costoso. Carlos comprendió tarde que, aunque la ingeniería estaba blindada, el frente social permanecía descubierto. Este caso refleja una crisis común en nuestra región: la falsa creencia de que la gestión social es secundaria. La realidad, sin embargo, es más cruda: entrar en territorios complejos sin una estrategia de prevención real es lanzarse al vacío sin paracaídas.

La naturaleza del riesgo y el costo de la parálisis

En el contexto latinoamericano, la paralización de proyectos de alto impacto no es un evento fortuito, sino la consecuencia directa de una gestión reactiva y una lectura superficial del entorno. El riesgo, definido por la Real Academia Española como la "contingencia de un daño", cobra una dimensión estratégica bajo la norma ISO 31000 que lo describe como el "efecto de la incertidumbre sobre los objetivos". En los sectores extractivo, energético o de infraestructura, esta incertidumbre se traduce en la interrupción de la ejecución o de la continuidad operativa del proyecto.

Cuando un proyecto se paraliza, los impactos se categorizan según una escala de gravedad creciente:

• Impacto bajo: Quejas aisladas o malentendidos comunicacionales que no alteran el cronograma.
• Impacto medio: Retrasos menores, protestas pacíficas o ruidos mediáticos que requieren atención gerencial o gubernamental inmediata.
• Impacto alto: Bloqueos totales, actos de violencia y, en última instancia, la retirada definitiva de inversionistas.

Para evitar estos escenarios, la gestión social moderna propone pasar de la "foto" al "video" mediante la prospectiva social. No basta con saber quién se queja hoy; la verdadera inteligencia reside en identificar quién liderará la queja mañana. Analizar las tendencias y las señales del entorno es fundamental para proponer medidas de control que reduzcan tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto de estos eventos en la implementación del proyecto.

Inteligencia territorial: el mapa de actores y poder

La base de cualquier medida de control eficaz es el conocimiento profundo y científico del territorio. En Latinoamérica, el territorio no es un lienzo en blanco, sino un tejido complejo de significados, historias de desconfianza y estructuras de poder paralelas.

1. Actores, intereses y posiciones: Un error frecuente es mapear únicamente a los actores visibles (alcaldes o gobernadores). La gestión de riesgos sociales exige identificar a los actores de influencia real, tales como frentes de defensa, sindicatos o asociaciones. Es vital distinguir entre sus posiciones (lo que dicen querer, como "que la empresa se retire") y sus intereses reales (lo que necesitan, como "seguridad hídrica" o "empleo local"). La innovación aquí radica en negociar sobre intereses para flexibilizar posiciones.
2. Necesidades y preocupaciones: La empresa debe comprender las carencias estructurales de la zona. Si el proyecto se ejecuta en un área con altos índices de desnutrición, cualquier movimiento corporativo será analizado bajo la lupa de la "deuda histórica". Las preocupaciones sociales suelen ser emocionales y culturales; ignorar el valor simbólico de una montaña o un río para una comunidad es garantizar un conflicto a largo plazo.

Identificación y valoración: el índice de conflictividad social

La valoración del riesgo permite transformar percepciones subjetivas en datos estratégicos para la toma de decisiones. Una herramienta técnica fundamental es el índice de conflictividad (I), calculado mediante la fórmula:

I = V x P / C

• V (Vulnerabilidad): Situación socioeconómica y fragilidad institucional de la zona.
• P (Potencial de movilización): Capacidad de los actores para organizarse y ejecutar acciones de fuerza.
• C (Capacidad de respuesta): Nivel de preparación, recursos y legitimidad de la empresa para resolver conflictos.

Una vez calculado, el riesgo se vuelca en una matriz de riesgo social (Heat Map). Aquellos ubicados en la "Zona Roja" (alta probabilidad y alto impacto) requieren atención inmediata de la alta dirección. En este nivel, la empresa debe estar preparada para tomar acciones que reduzcan la probabilidad de ocurrencia o de su impacto, lo que resulta más rentable que afrontar por un conflicto social que pueda escalar a crisis.

Innovación en las medidas de control: el Comité de Expertos

La verdadera innovación no reside en el asistencialismo, sino en la creación de estructuras de control idóneas. La gestión de riesgos sociales ya no puede ser una tarea periférica; debe estar integrada en el ADN del proyecto.

Se propone la creación de un Comité de Expertos en Gestión de Riesgos Sociales: una unidad de inteligencia estratégica, multidisciplinaria y con autonomía. Este equipo debe integrar expertos en negociación, sociología, comunicación, legalidad predial, presupuesto y otros según las características del proyecto. Su función principal es neutralizar los sesgos cognitivos que suelen cegar a las organizaciones, como pueden ser:

• Optimismo excesivo: Creer que la inversión garantiza por sí sola la aceptación comunitaria.
• Tergiversación de la realidad: Elaborar informes de campo que no reflejan la complejidad real del territorio.

Para garantizar la objetividad, este comité puede utilizar la metodología Delphi, consultando a expertos de forma anónima para alcanzar consensos libres de presiones jerárquicas.

La primacía de la prevención: "Más vale prevenir que lamentar"

En la gestión social, una respuesta tardía es, casi siempre, una respuesta fallida. La anticipación es una herramienta de ahorro financiero y reputacional.

• Señales débiles (Early Warning): Cambios en el tono de un líder o rumores en redes sociales son señales que deben decodificarse antes de que escalen.
• Rinocerontes Grises y Cisnes Negros: Debemos prepararnos tanto para lo obvio que decidimos ignorar (Rinocerontes) como para lo altamente improbable pero catastrófico (Cisnes Negros).

El cierre de brechas como la medida de control más eficiente

Finalmente, la medida de control más sostenible es el cierre de brechas. La mitigación no consiste solo en evitar el conflicto, sino en atacar las causas raíz que lo alimentan.

Sin una línea de base social robusta —una fotografía científica del estado de la comunidad previa al proyecto—, la empresa quedará indefensa ante reclamos por impactos preexistentes. El cierre de brechas implica actuar como un catalizador del desarrollo: si la mayor preocupación es el empleo, la medida idónea es un programa de formación técnica para proveedores locales, no una donación puntual.

De la gestión del riesgo al desarrollo compartido

El éxito de los proyectos de alto impacto en Latinoamérica depende de nuestra capacidad para transformar la incertidumbre en confianza. Al conocer el territorio, anticipar los movimientos de los actores claves y proponer medidas de control transparentes, las empresas dejan de ser entes reactivos para convertirse en aliados estratégicos para su desarrollo.

Cerrar brechas sociales no es un acto de caridad; es la inversión más rentable para asegurar que las máquinas nunca vuelvan a quedar en silencio. En el complejo mapa social de nuestra región, es infinitamente preferible invertir hoy en un diálogo preventivo y en el progreso del territorio que tener que lamentar una crisis irreversible mañana.

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El Perú se encuentra en un punto estratégico para las “economías verdes”. Según datos del Ministerio del Ambiente (Minam), en el país operan exitosamente más de 1,300 bionegocios y econegocios, de los cuales el 75% son micro y pequeñas empresas. En la última década, las exportaciones de productos vinculados al biocomercio —como el cacao nativo, castañas y frutos amazónicos— han crecido a tasas anuales significativas, superando los US $400 millones anuales solo hacia mercados como Estados Unidos.

Este fenómeno responde a que la inversión de impacto global ha crecido exponencialmente; los inversionistas internacionales buscan hoy activos que garanticen transparencia y métricas ambientales claras. Perú, al ser uno de los 17 países megadiversos que albergan el 70% de la biodiversidad del planeta, posee una ventaja competitiva inigualable.

Para Kurt Rothschild, gerente del proyecto EBBF, uno de los mayores desafíos para impulsar estos bionegocios es la rigurosidad necesaria para que sean considerados agentes de cambio real contra el cambio climático. "Encontrar la combinación de una empresa rentable que a la vez mitiga y tiene un derecho formal sobre el bosque es retador, pero es el único camino hacia la sostenibilidad", afirma Rothschild en entrevista exclusiva. El proyecto busca impactar en regiones clave como Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, donde la presión sobre los recursos es alta, pero las oportunidades de crear modelos sostenibles son inmensas.

Un punto revelador es la identificación de carencias en el emprendedor local. Muchos negocios amazónicos nacen del esfuerzo individual, pero fallan al escalar por falta de estructura. “Muchas veces las iniciativas empresariales amazónicas requieren capacidades de gestión, de conocer el mercado y articulación”, comenta Rothschild. Por ello, el EBBF no solo entrega financiamiento, sino que ofrece un programa integral de incubación y aceleración para profesionalizar la gestión contable, financiera y la gobernanza interna.

El éxito del proyecto depende de una colaboración institucional robusta. Profonanpe trabaja con aliados estratégicos y cuenta con el respaldo del Fondo Verde para el Clima (GCF) y la Cooperación Alemana (GIZ), quienes ven en el Perú un laboratorio ideal para validar modelos replicables en otros ecosistemas tropicales, además del apoyo del Minam.

El camino trazado es claro: para que la Amazonía sobreviva, sus negocios deben prosperar. “Buscamos generar casos de éxito que permitan que estos modelos sean después atractivos para la banca privada”, concluye Rothschild. Con una visión de triple impacto, la Amazonía peruana está lista para ser el motor económico verde del siglo XXI.

Bioinversión Amazonica lanzó su convocatoria el pasado 18 de febrero, y recibió postulaciones hasta el 7 de abril, esperando brindar asesoría empresarial a por lo menos 20 bionegocios a través de aceleración e incubación de capacidades en gestión empresarial; además de invertir un total de USD 600,000 (seiscientos mil dólares americanos) de capital semilla parcialmente reembolsable. Por tanto, habrá que hacer seguimiento a los próximos pasos que se darán en el marco de este proyecto para poner en valor sus logros.

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El profesor francés Michel Prieur, máximo exponente de la doctrina de no regresión, ha señalado de manera categórica los riesgos que enfrenta la tutela del entorno natural frente a intereses contrarios. Durante su discurso de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza en el 2010, advirtió sobre la imposibilidad de justificar la reducción de estándares ambientales, afirmando que “la voluntad de suprimir la norma o reducir sus exigencias por intereses contrarios [...] no han demostrado ser jurídicamente superiores a los intereses relacionados con la protección del medio ambiente”. En ese contexto, Prieur sostiene que, si bien una regresión manifiesta resulta hoy inimaginable, “las regresiones insidiosas o progresivas se encuentran a la orden del día”, configurándose como transgresiones graduales que representan la principal amenaza para el derecho ambiental contemporáneo. Bajo esa tesitura, resulta necesario concluir que la inacción estatal o el debilitamiento de los estándares normativos vigentes no solo vulneran este principio, sino que contravienen frontalmente la naturaleza evolutiva de los derechos de tercera generación.

Visto como un compromiso internacional, este principio encuentra su fundamento primigenio en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. En efecto, la citada declaración establece en su tercer principio que el derecho al desarrollo debe ejercerse de forma equitativa para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Asimismo, el cuarto principio dispone que la protección del medio ambiente debe integrar el proceso de desarrollo y no puede considerarse de forma aislada.

A esto sigue que la validez de cualquier reforma interna depende de su coherencia con el décimo principio de la referida Declaración de Río, el cual consagra la participación ciudadana como un elemento esencial, y con el decimoquinto principio, que impone la aplicación del criterio de precaución ante el peligro de daño grave o irreversible. Consecuentemente, ello autoriza a concluir que cualquier intento estatal por flexibilizar la normativa ambiental sin una justificación técnica superior incurre en una ilicitud convencional que compromete la sostenibilidad del continente.

En el marco interamericano, el Acuerdo de Escazú refuerza esta obligación. A mayor abundamiento, hasta la fecha, diecinueve países lo han ratificado, entre los cuales figuran Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Uruguay. Por otra parte, nueve países más lo han firmado pero aún tienen pendiente su respectiva ratificación o adhesión, encontrándose el Perú en este grupo. Lejos de representar un mero postulado ideológico, el referido tratado, junto con la Declaración de Río y otros instrumentos normativos internacionales en materia ambiental, constituye una garantía jurídica y ética ineludible para las generaciones futuras.

Pese a todo, en la práctica, diversos gobiernos están transgrediendo estas obligaciones convencionales al amparo de nociones justificativas orientadas hacia una supuesta libertad económica o eficiencia administrativa. Consecuentemente, el escenario derivado de estas omisiones acarrea un incremento del extractivismo descontrolado, una merma sustancial en la participación ciudadana y un mayor nivel de riesgo para los ecosistemas críticos. Ello autoriza a concluir que la inobservancia material de este marco interamericano desvirtúa el propósito precautorio del derecho ambiental contemporáneo.

El patrón de regresión ambiental en América Latina trasciende los casos aislados para configurarse como una práctica estatal sistemática. Como muestra, en Argentina, el Senado aprobó en marzo de 2026 una reforma a la Ley de Glaciares que, según especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, eliminaría la protección integral tanto de los glaciares como del ambiente periglacial para habilitar dichas zonas a la actividad minera. Aunque el proyecto pasó a la Cámara de Diputados y continúa en disputa, este representa el retroceso normativo más significativo desde la sanción original de la ley en el año 2010. Por consiguiente, dicha medida configura un potencial quiebre con el mandato de no regresión consagrado en el Acuerdo de Escazú, instrumento del cual el Estado argentino es parte.

Por otra parte, al analizar la política estatal en El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele, se evidencia una clara materialización de este retroceso normativo. Desde el año 2019, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sufrido recortes presupuestarios consecutivos. Asimismo, se dispuso la expedición sumaria de permisos ambientales que se encontraban suspendidos o en fase de evaluación técnica. Esta flexibilización administrativa se ejecutó bajo la premisa de que los controles estrictos obstaculizaban el flujo de inversiones, supeditando así la tutela del entorno natural a las dinámicas del crecimiento económico.

Asimismo, en Chile, el gobierno de José Antonio Kast retiró el 12 de marzo de 2026, durante su primer día en funciones, cuarenta y tres decretos ambientales de la Contraloría General de la República que estaban próximos a entrar en vigor. Entre los instrumentos suspendidos figuran la protección de seis áreas en salares altoandinos, la creación de parques nacionales marinos, la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural y diversas normas de calidad del aire para material particulado fino. En respuesta, más de doscientas cuarenta y siete organizaciones socioambientales y científicas suscribieron una declaración de alarma, lo que generó movilizaciones en al menos quince ciudades del país. Si bien el gobierno justificó la medida bajo la premisa de una auditoría técnica, diversos analistas del derecho ambiental señalan que la mayoría de esos decretos llevaban más de un año en tramitación y no fueron ingresados de forma intempestiva.

De igual modo, en Ecuador, el presidente Daniel Noboa emitió en julio de 2025 el Decreto Ejecutivo No. 60, el cual fusionó el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas como parte de un plan de eficiencia administrativa que redujo el aparato ministerial en un cuarenta y uno por ciento. En el fondo, esta medida fue catalogada por el Fondo Mundial para la Naturaleza como un conflicto de interés estructural, dado que la entidad responsable de otorgar licencias ambientales quedaría subordinada a la misma cartera que impulsa los megaproyectos extractivos.

Estos ejemplos responden a una tendencia regional de desregulación que prioriza la rentabilidad inmediata sobre la resiliencia ambiental a largo plazo, lo cual prueba que las acciones estatales analizadas contradicen de manera directa los principios rectores de la Declaración de Río y el espíritu tuitivo del Acuerdo de Escazú.

¿Y en el Perú? El riesgo electoral es inminente

En ese contexto, la realidad del Perú no resulta ajena a esta tendencia sistémica de desregulación. Como muestra, durante el año 2025, el Congreso de la República aprobó una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera hasta diciembre del 2026. Dicha prórroga ha sido objeto de severos cuestionamientos por parte de organizaciones ambientales y gremios mineros formales. A la par, en el seno legislativo se debaten proyectos normativos que subordinan la intangibilidad de las áreas naturales protegidas a intereses energéticos y de hidrocarburos, autorizando la explotación en zonas de uso indirecto bajo el cuestionable amparo de la necesidad pública. Asimismo, en el marco de las elecciones generales de abril de 2026, diversas candidaturas presidenciales proponen una contracción del aparato estatal que reduciría el número de ministerios de dieciocho a seis, contemplando la eventual eliminación o fusión del Ministerio del Ambiente.

Resulta imperativo precisar que esta postura crítica no obedece a un rechazo dogmático frente a la inversión privada o al aprovechamiento de los recursos naturales. En otros términos, el propósito central radica en exigir que las actividades económicas y extractivas se sometan a una gestión ambiental rigurosa que garantice el desarrollo sostenible. Si bien el Estado peruano ostenta un marco de protección ambiental susceptible de optimización, desmantelar las salvaguardas vigentes constituiría un error histórico de proporciones incalculables.

En efecto, la gravedad de esta medida regresiva radica en su manifiesta inconstitucionalidad. El artículo 2, numeral 22, de la Constitución Política del Perú consagra de forma taxativa el derecho fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. A mayor abundamiento, el menoscabo de las facultades del ente rector ambiental y la validación y prórroga de la minería informal (mediante la prórroga sistemática del proceso de formalización) contravienen los tratados internacionales ratificados por el Estado. De ahí que deba arribarse a la conclusión de que tales disposiciones vulneran de manera directa el núcleo duro de este mandato constitucional, al desnaturalizar el deber estatal de protección de un bien jurídico de naturaleza intergeneracional.

En consecuencia, los impactos de tales medidas resultarían irreparables para uno de los países con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático en la región. De lo que se sigue que una regresión normativa exacerbaría la deforestación en la Amazonía, incrementaría la contaminación derivada de la minería ilegal, aceleraría la pérdida de los glaciares andinos y causaría una afectación irreversible a los derechos territoriales de las comunidades indígenas. En resumidas cuentas, aunque el enfoque cortoplacista pueda reportar márgenes de rentabilidad inmediata, ello autoriza a concluir que dichos beneficios aparentes se obtienen a expensas de graves pasivos futuros, los cuales se materializan en el deterioro de la salud pública, la agudización de los conflictos socioambientales, la restricción de acceso a mercados internacionales con altos estándares ambientales y una exposición crítica ante los desastres climáticos.

Nuestra opinión es clara, la permisibilidad ante la flexibilización normativa, amparada en la retórica de un falso progreso, constituye un retroceso institucional inaceptable. Esta visión de corto plazo ignora la naturaleza imperativa de la protección ambiental; como es indicado por el profesor chileno Ezio Costa en su artículo de opinión titulado “El peor de los ciegos: las políticas regresivas ambientales se intensifican en América Latina”, publicado en el diario El País: “Quienes hoy prefieren la ceguera, pronto descubrirán que la realidad no espera. La transición ecológica avanza y, cuanto más se la niegue, más devastadoras serán sus consecuencias”.

Bajo esa premisa, el proceso electoral del 2026 representa tanto una oportunidad ineludible como una estricta responsabilidad cívica para que la ciudadanía rechace cualquier plataforma política de corte regresivo. Por consiguiente, es necesario demandar planes de gobierno que garanticen la vigencia irrestricta del principio de no regresión, consoliden la autoridad institucional del Ministerio del Ambiente y erradiquen la minería ilegal sin convalidarla mediante mecanismos jurídicos subrepticios. Ello autoriza a concluir que el Estado debe apostar por una economía sostenible que erija la protección ambiental como el auténtico cimiento del desarrollo nacional.

Para finalizar, resulta necesario dejar establecido que el desmantelamiento de los estándares ambientales dista de encarnar un paradigma de modernidad. Muy por el contrario, esta claudicación estatal condena a las futuras generaciones a heredar una nación empobrecida, severamente contaminada y con una calidad democrática degradada. En resumidas cuentas, el derecho a un medio ambiente sano y la viabilidad ambiental del país constituyen bienes jurídicos absolutamente indisponibles.

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En el marco de este evento, se reconocieron a más de cuarenta nuevos líderes en los cinco niveles: Formativo, Gestor, Experto, Máster y Grand Máster, donde se incluyó a los participantes del Voluntariado en Liderazgo Sostenible y del Programa Innova Indígena, entregándoles el mencionado reconocimiento el nivel Formativo, como parte de su interés demostrado en aprender sobre el enfoque de desarrollo sostenible y emprender acciones por el cambio en sus entornos.

Por su lado, voluntarios de nuestra organización que apoyaron en la ejecución de las iniciativas antes mencionadas fueron también reconocidos en el nivel Gestor, gracias a las acciones ejecutadas en las que comprobaron su liderazgo dentro de proyectos orientados al desarrollo sostenible desde diversas esferas. Entre los destacados en este nivel se encuentran Eduardo Ormeño Espinoza, quien fue el encargado de dictar algunas sesiones de nuestra Escuela de Liderazgo Sostenible y participar en la organización del Festival Juvenil por la Sostenibilidad 2025; y Priscila Mantilla Lozano, quien tuvo un rol protagónico en la articulación y desarrollo del evento, además de ser parte de otras iniciativas comunicacionales que visibilizan acciones en temas de sostenibilidad.

En cuanto al nivel Experto, se sumaron tres nuevos reconocidos: Antonio Camposeco Domingo (Guatemala), fundador de Yax Transforma, cooperativa que transforma desechos plásticos en madera plástica, descontaminando ríos de Jacaltenango; Jorge Espichán Wu (Perú), voluntario de nuestra institución que viene trabajando en temas de sostenibilidad y gestión social por mucho tiempo, además de brindar su tiempo para dictar temas relacionados a la innovación social en nuestra Escuela de Liderazgo Sostenible e Innovación Social; y, finalmente, Renato Rosas (Brasil), líder de la ONG OCAS, desde donde viene trabajando junto a comunidades indígenas temas de bionegocios, sostenibilidad y cultura, gracias a lo cual ha logrado impactar en más de mil familias locales.

El nivel Máster, referido a aquellas personas que impulsan cambios a nivel nacional, resaltan Beatriz Cisneros Contreras (Perú), de PeliSolar, una iniciativa de cine comunitario que articula cultura y sostenibilidad gracias a su enfoque innovador; Carolina Descarpontriez (Perú), líder de Jekuaá Bosque Escuela, un proyecto educativo orientado a formar personas en temas ambientales desde una perspectiva vivencial; y Lorena Cordero Maldonado (Perú), quien viene formando nuevas generaciones de líderes sostenibles desde la docencia universitaria y participando en iniciativas que promueven políticas públicas enfocadas en comunidades y ciudades sostenibles. En el mismo nivel, además, se contó con la presencia de Paul Rocca Gastelo, líder reconocido en el 2024 gracias a su trabajo desde el Observatorio de Sostenibilidad Social del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Siguiendo con quienes se integran a la Red de Líderes Sostenibles en el nivel Máster, fueron reconocidos Lourdes Armey Tejada (Perú), gracias a su trabajo por una educación inclusiva y de calidad, con un especial enfoque en la reducción de desigualdades y reconocimiento de la diversidad educativa; Omar Vásquez Delgado (Perú), debido a su extensa labor académica en la formación de nuevas generaciones, inculcando el importante enfoque de desarrollo sostenible en el futuro del país; Iván Brehaut Larrea (Perú), poniendo en valor su labor como periodista en favor de la Amazonía y la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas que la habitan, donde ha documentado las amenazas e impacto de economías ilegales en territorio; y Paula Araneda Parischenewsky (Chile), fundadora y directora de Kawansh Bosque Escuela, una innovadora propuesta pedagógica en contacto con la naturaleza, promoviendo la educación ambiental y la acción por el clima en las nuevas generaciones.

Finalmente, en la categoría Grand Máster, referida a aquellas personas cuyas acciones tienen alcance internacional, se reconoció a Julio Garay Barrios (Perú), creador de las galletas Nutri H que buscan luchar contra la anemia y desnutrición infantil, siendo una propuesta innovadora y efectiva, que es ejemplo para muchos otros emprendedores sociales que buscan cerrar brechas sociales; y Kirla Echegaray Alfaro, exministra del Ambiente de Perú que, desde hace muchos años, tiene un destacado protagonismo en la gestión y compromiso institucional desde el Estado en favor del ambiente y la articulación entre sociedad civil y el sector privado.

A todas estas personas las une un mismo ideal: trabajar por la sostenibilidad, contribuyendo desde sus áreas de experiencia e incidencia, ya sea desde la educación, la academia, la acción o el emprendimiento social, comparten algo en común que Solidaritas Perú busca seguir poniendo en valor para poder inspirar a otros líderes, lideresas y nuevas generaciones, contagiando el entusiasmo de todos estos Líderes Sostenibles.

Este nuevo grupo de Líderes Sostenibles demuestra que el cambio es posible desde cualquier lugar: el aula, la Amazonía o la acción social. Desde Solidaritas Perú reafirmamos nuestro compromiso de seguir reconociendo estos liderazgos que trabajan por la sostenibilidad y son prueba de que el ideal que tienen en común es algo que debe reunirnos a todos por el futuro de nuestro planeta.

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La jornada comenzó con palabras de bienvenida y apertura, en las que se resaltó la importancia de iniciar el año con una mirada colectiva, alineada a los valores que definen a Solidaritas Perú. Asimismo, se presentó el organigrama correspondiente al periodo 2026–2028, evidenciando una estructura fortalecida y multidisciplinaria que integra tres áreas principales: proyectos, comunicaciones, y cooperación internacional y alianzas estratégicas; a las que se suman como respaldo la asesoría legal, asociados externos y el equipo administrativo.

Uno de los momentos centrales de la reunión fue la presentación de los logros alcanzados durante el 2025. A nivel internacional, Solidaritas Perú lideró y acompañó iniciativas que impactaron a miles de jóvenes y organizaciones de Latinoamérica, destacando el Reconocimiento al Liderazgo Sostenible, el Festival Juvenil por la Sostenibilidad Latam 2025 y el trabajo articulado con Red Ceiba Latam. Estas acciones no solo visibilizaron buenas prácticas, sino que también promovieron la colaboración entre actores comprometidos con el desarrollo sostenible. En conjunto, estas acciones internacionales movilizaron e impactaron a más de 900 personas, ya sea a través de las actividades de réplica, el reconocimiento o la formación.

En el ámbito nacional, programas como la Escuela de Liderazgo Sostenible e Innovación Social y el Voluntariado en Liderazgo Sostenible permitieron fortalecer capacidades en jóvenes, docentes y organizaciones aliadas, generando espacios formativos con impacto directo en diversas regiones del país, estableciéndose en más de 400 los impactados por estas iniciativas. De igual manera, el programa Innova Indígena consolidó su enfoque intercultural, impulsando ideas de innovación social desde las propias comunidades, llegando a más de 25 líderes indígenas de ocho regiones del Perú.

A nivel local y comunicacional, la Revista Gobernanza Social continuó posicionándose como un espacio de reflexión y difusión de contenidos vinculados a sostenibilidad, gobernanza y gestión social, ampliando su alcance y fortaleciendo una comunidad de autores y lectores comprometidos con el cambio social, ya que se superaron las 8,000 lecturas acumuladas en las seis ediciones publicadas en 2025.

En adición, se puso en valor los convenios y alianzas logrados durante el año anterior, destacando lo suscrito con la Universidad Continental (Perú), Jekuaá Bosque Escuela (Bolivia), ONG OCAS (Brasil), Ecovida (Colombia), Yax Transforma (Guatemala), DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de Madrid (España) y la Comunidad Nativa Nueva Luz de Cusco (Perú). A través de estas relaciones formales, Solidaritas Perú espera impulsar nuevos proyectos e iniciativas de cooperación interinstitucional que sigan objetivos en conjunto.

Finalmente, se presentó el cronograma de actividades para el 2026, que contempla procesos de planificación, formación interna, ejecución de programas emblemáticos como el Voluntariado en Liderazgo Sostenible e Innova Indígena, y eventos de alcance regional como el Reconocimiento al Liderazgo Sostenible, reafirmando la visión de Solidaritas Perú como una organización que apuesta por la acción articulada, el aprendizaje continuo y el liderazgo con propósito.

Con este inicio de año, Solidaritas Perú renueva su compromiso de seguir promoviendo la sostenibilidad desde territorio, poniendo en el centro a las personas, el conocimiento colectivo y la acción transformadora.

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En ese contexto, debemos recordar que el Perú dio un paso decisivo el pasado 9 de junio de 2025 al firmar el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (conocido por sus siglas en inglés como BBNJ). No obstante, pese a que el instrumento entró en vigor internacionalmente el pasado 17 de enero, a la fecha, su ratificación en el Perú permanece pendiente en el Congreso de la República, entrampada en un debate que a menudo confunde la necesaria cautela soberana con un inmovilismo perjudicial.

Ciertamente, existen sectores que observan con escepticismo cualquier instrumento nacido bajo el paraguas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), de la cual el Perú no es parte. Sin embargo, dicha aprehensión debe ser contrastada con la urgencia de regular las aguas internacionales donde hoy operan flotas extranjeras sin mayor control. Por consiguiente, es claro que la ratificación del Acuerdo BBNJ, lejos de debilitar nuestra soberanía, constituye un imperativo estratégico que dota al Perú de herramientas jurídicas para proteger sus intereses marítimos frente a la “anarquía” de alta mar, sin que ello implique una renuncia a nuestra histórica tesis de las 200 millas.

¿Qué es el Acuerdo BBNJ?

Para comprender la magnitud de lo que está en juego, es preciso analizar el Acuerdo BBNJ en su dimensión estrictamente jurídica y funcional, más allá de las pasiones políticas. Tal como se detalla en el análisis técnico Tratado de Alta Mar: Una oportunidad para la biodiversidad marina, elaborado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), este instrumento no busca redefinir fronteras, sino llenar un vacío legal en las aguas internacionales que cubren casi dos tercios del océano global. Se estructura sobre un "paquete" de cuatro pilares fundamentales, diseñados para operatividad inmediata.

En primer lugar, y constituyendo quizás el punto más relevante para la seguridad ambiental del Perú, el acuerdo establece la obligatoriedad de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). Hasta la fecha, industrias emergentes como la minería submarina podían operar en alta mar bajo un escaso escrutinio. En contraste, el BBNJ instaura en su artículo 30 un "filtro de triaje" que obliga a evaluar cualquier actividad con potencial de daño significativo.

Es crucial destacar que este mecanismo no vulnera la soberanía estatal toda vez que, a diferencia de un régimen supranacional impositivo, el artículo 34 del tratado dispone que es el propio Estado parte quien mantiene la competencia para decidir si una actividad bajo su jurisdicción puede llevarse a cabo, siempre que garantice que no causará perjuicios graves al medio marino.

En segundo lugar, el tratado introduce las Herramientas de Gestión Basadas en Áreas (ABMT) e incluye la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) en alta mar. Dicho mecanismo resulta fundamental pues permite transitar de una “libertad de pesca” absoluta hacia una gestión regulada que garantice la sostenibilidad de los recursos. Asimismo, el acuerdo integra los pilares referidos al acceso equitativo a los Recursos Genéticos Marinos (MGRs) para evitar que solo las potencias industriales usufructúen la genética oceánica, así como el fortalecimiento de capacidades mediante la transferencia de tecnología que permita reducir las asimetrías técnicas en países en desarrollo como el Perú. De esta forma, no estamos ante un tratado declarativo, sino ante un régimen de ejecución indispensable.

Desmitificando el temor a la CONVEMAR

Ahora bien, es innegable que el principal obstáculo político para la ratificación radica en un temor histórico, el cual se sustenta en la percepción de que adherirse al BBNJ implica, tácitamente, una sumisión a la CONVEMAR y, por ende, una renuncia a la tesis de las 200 millas de dominio marítimo consagradas en el artículo 54 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, este razonamiento parte de una premisa inexacta que ignora la ingeniería diplomática desplegada por la Cancillería.

En efecto, el Perú ha implementado lo que podríamos denominar una "fórmula de salvaguarda". Al firmar el acuerdo en junio de 2025, el Estado peruano presentó una Declaración Interpretativa vinculante. Mediante este instrumento, se estableció explícitamente que la participación en el BBNJ no conlleva el reconocimiento de la CONVEMAR ni modifica la posición jurídica del Perú respecto a su dominio marítimo. Es decir, el tratado se aplica "más allá de la jurisdicción nacional", pero respeta la definición que cada Estado tiene de su propia jurisdicción.

Por otra parte, limitar nuestra visión geopolítica exclusivamente al mar territorial es un error estratégico en el siglo XXI. Al respecto, el análisis recogido en el Dossier Faro de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos en Retiro (AFDER) sostiene que los intereses marítimos del Perú no terminan en la milla 200; por el contrario, se extienden hacia alta mar, donde fenómenos como el cambio climático y la pesca ilegal amenazan directamente nuestra riqueza biológica. Bajo esa tesitura, ratificar el BBNJ no es ceder soberanía, sino expandir nuestra influencia regulatoria hacia zonas donde hoy somos meros espectadores.

La pesca y la "Milla 201"

Más allá de la discusión doctrinaria, existe una realidad económica ineludible donde la biodiversidad marina no respeta fronteras políticas. Tal como han advertido reiteradamente tanto la Cancillería como el Ministerio del Ambiente (MINAM), la principal amenaza a nuestra seguridad alimentaria no proviene del tratado, sino de lo que ocurre hoy en la denominada “milla 201”. En dicha zona, flotas industriales extranjeras operan sin regulación efectiva y capturan masivamente recursos transzonales —especialmente el calamar gigante o pota— que, biológicamente, forman parte de la misma biomasa que sustenta nuestra pesca artesanal.

Por consiguiente, la ratificación del Acuerdo BBNJ no es un acto de caridad ambiental, sino una medida de defensa nacional. El tratado faculta a los Estados parte a impulsar la creación de Áreas Marinas Protegidas en alta mar, lo que permitiría establecer, por primera vez, un cerco regulatorio frente a nuestras costas para frenar la sobrepesca foránea. Si no somos parte del acuerdo, carecemos de legitimidad para exigir orden en nuestro vecindario oceánico.

A mayor abundamiento, el costo de la inacción es la irrelevancia política. El acuerdo establece una “Conferencia de las Partes” (COP), asesorada por un Órgano Científico y Técnico, que decidirá qué áreas de alta mar se protegen bajo criterios estrictamente ambientales. Si el Perú no ratifica el instrumento, quedará relegado a la condición de observador, sin voz ni voto para decidir sobre la gestión de las aguas adyacentes a su propio dominio marítimo. Dicho de otro modo: o nos sentamos en la mesa y somos parte de las reglas de juego, o aceptamos pasivamente las normas que otros impongan frente a nuestro litoral.

El respaldo institucional y de derechos humanos

Finalmente, resulta imperativo destacar que la conveniencia de la ratificación ya ha sido validada por los organismos tutelares del Estado. En ese mismo orden de ideas, la Defensoría del Pueblo, a través de su reciente Informe Defensorial No. 262-2025-DP, ha sido categórica al concluir que el Acuerdo BBNJ es técnicamente viable y jurídicamente necesario para la protección de derechos fundamentales en el Perú.

El análisis defensorial subraya que la protección de la biodiversidad marina no es un concepto abstracto, sino que está intrínsecamente vinculada al derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado, consagrado en nuestra Constitución. Asimismo, el informe advierte que la depredación no regulada en alta mar pone en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones costeras peruanas. Por ello, la Defensoría ha exhortado al Congreso a priorizar el debate técnico sobre el ideológico —una dinámica que, pese a haberse vuelto habitual, resulta alarmante en asuntos de Estado—, señalando que la adhesión al tratado fortalece, en lugar de debilitar, la capacidad del Estado para garantizar los derechos de sus ciudadanos frente a amenazas transnacionales.

A modo de cierre

Es evidente que el Perú se encuentra ante una decisión que definirá su perfil marítimo por las próximas décadas. Los argumentos expuestos demuestran que el aislamiento diplomático bajo una interpretación rígida y anacrónica de la soberanía no protege nuestras 200 millas; por el contrario, las deja expuestas a la voracidad de flotas extranjeras que operan impunemente en la "milla 201".

En resumidas cuentas, la ratificación del Acuerdo BBNJ, salvaguardada por la Declaración Interpretativa presentada por la Cancillería, constituye la herramienta más eficaz para extender nuestra defensa jurídica hacia alta mar. Se trata, en esencia, de comprender que en el siglo XXI la protección del dominio marítimo no se logra mediante la ausencia en los foros internacionales, sino a través de la participación activa en los mecanismos de regulación global.

Por tanto, corresponde al Congreso de la República actuar con altura histórica, priorizando el criterio técnico sobre temores infundados respecto a la CONVEMAR. Es imperativo aprobar un tratado que nos permita transitar de la condición de espectadores pasivos a la de protagonistas en la gobernanza del océano. El mar de Grau merece no solo ser defendido en los mapas, sino también en las mesas de negociación donde hoy se decide el futuro del planeta.

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