En las últimas décadas, los programas de electrificación rural en América Latina han reportado sus avances con una métrica estrella: el número de conexiones. Hogares atendidos, paneles instalados y kilovatios entregados son cifras necesarias, pero esconden una trampa silenciosa: confundir el acceso con el desarrollo.

Pongamos un ejemplo. Imaginemos dos comunidades a las que llevamos paneles solares con el mismo modelo y la misma capacitación básica. En la primera, las familias encienden sus focos por las noches, los niños hacen tareas y los paneles pasan el día inactivos esperando que oscurezca. En la segunda, un grupo de mujeres organiza un taller textil con energía solar, los jóvenes instalan un cargador comunitario y la posta médica conserva vacunas. Para las estadísticas oficiales, ambas están electrificadas al 100%, pero para la gente que vive ahí la diferencia es abismal.

¿Qué deberíamos medir entonces? Propongo cinco dimensiones:

Primero, la tasa de conversión productiva. ¿Cuántos hogares desarrollan actividades económicas que antes no podían realizar? No hablo de grandes emprendimientos, sino de pequeños negocios, transformación artesanal o conservación de alimentos.

Segundo, el índice de autonomía comunitaria. ¿La población ha aprendido a gestionar y mantener sus sistemas? Un proyecto exitoso es aquel que no genera una dependencia eterna del Estado o de la ONG de turno.

Tercero, la participación femenina en la gestión. Diversos estudios muestran que cuando las mujeres participan en las decisiones energéticas, los beneficios se distribuyen mejor. Medir cuántas mujeres integran comités y cómo influyen en las decisiones es crucial.

Cuarto, los impactos indirectos no energéticos. ¿La energía ha mejorado la asistencia escolar, ha reducido la migración juvenil o ha permitido que las postas conserven medicamentos? Son efectos colaterales que nuestras métricas suelen ignorar.

Quinto, y para mí el más importante, la sostenibilidad del modelo de gestión. Un año después de instalado el sistema, ¿sigue funcionando?, ¿quién lo mantiene?, ¿existe un fondo comunitario para reposiciones?

Ninguno de estos indicadores funciona sin fortalecer la organización comunitaria. En comunidades con organizaciones sólidas, como comités, asociaciones y rondas campesinas, la energía se integra más rápidamente a la vida productiva. Donde el tejido social es débil, la energía suele quedarse en el foquito que ilumina la cocina.

Esto implica repensar nuestro rol. No somos solo instaladores de tecnología; somos facilitadores de procesos que deberían fortalecer las capacidades locales para que las comunidades decidan su propio desarrollo. La gobernanza energética, entendida como la capacidad colectiva para gestionar recursos, emerge así como el verdadero indicador de sostenibilidad.

Al final, medir el éxito en electrificación rural nos obliga a salir de nuestra zona de confort y de los números simples. Las conexiones importan, claro que sí, pero no cuentan la historia completa. El tiempo es el juez más implacable de los proyectos de desarrollo: un año después de instalado un sistema, cualquier tecnología funciona; cinco años después, solo sobreviven aquellos donde la comunidad se apropió del proceso, donde hubo organización, mantenimiento y capacidad de adaptación.

La próxima vez que evaluemos un proyecto energético, preguntémonos no cuántas familias recibieron luz, sino cuántas podrán mantenerla encendida por sí mismas cuando nosotros ya no estemos.

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